La Defensoría del Pueblo de Perú ha asegurado este lunas que identificó “Afectaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas” durante la intervención policial del sábado pasado en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Lima.
“En la supervisión de la intervención policial en la UNMSM está la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), la Dircote (Dirección contra el terrorismo) y la División de Asuntos Sociales se identificaron afectaciones a derechos fundamentales de las personas detenidas”, ha señalado la Defensoría en comunicado de prensa.
El organismo ha indicado que entre los detenidos hubo estudiantes, mujeres, dos gestantes, una niña, ancianos, personas con discapacidad y con receta médicaasí como integrantes de comunidades campesinas e indígenas, que tienen al quechua y aimara como lenguas maternas, “quienes no habrían recibido información alguna sobre las razones de su detención”.
Ha agregado que algunas de esas personas denunciaron que tuvieron que orinar “en el lugar de la retención inicial” y que las mujeres no pueden acceder a productos de higiene personaly sufrieron de cólicos (dolor menstrual) y dolores de cabeza, “afectando su salud integral”.
“Además, inicialmente, se ausencia de garantías al derecho a la defensa, como la deficiencia de interpretes de las diversas lenguas, y se les mantuvo incomunicadas con sus familiares y amistades”, ha remarcado.
Familiares de tenidos en la Universidad de San Marcos de Lima denuncian irregularidades
Recomendaciones al Gobierno
La Defensoría del Pueblo ha sostenido, en ese sentido, que “es necesario que garantizarse a las mujeres detenidas una atención diferenciada y con enfoque de género“y se permita” una atención digna y coherente con el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin ningún tipo de discriminación”.
Ha urgido, además, a “establecer e incorporación específicas qu’guarantee el trato digno y respecte de los derechos fundamentales de las personas detenidas” y a “ensure una atención diferenciada y especializada a niñas, niños y adolescentes” que llegaron a Lima acompañando a sus progenitores o cuidadores detenidos.
La organización ha pedido también que “durante las intervenciones y detenciones policiales a personas indigenas, se respeten su dignidad y derechosacorde a su lengua materna y tradiciones, con un enfoque de interculturalidad”.
La Defensoría ha señalado que envió estas recomendaciones al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y al Ministerio del Interior y que “hará seguimiento” ha podido implementar “a fin de garantizar los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad”.
El centro universitario denuncia la intervención
Este lunes, el ministro del Interior, Vicente Romero, ha asegurado que el ingreso de la Policía Nacional, con derribo de puertas, a San Marcos se hizo ante a pedido de sus propias autoridades y por la comisión de un delitoen flagrancia, de algunos de los manifestantes antigubernamentales allí alojados.
Sin embargo, este centro universitario denunció el domingo que se cometió un “abuso de autoridad”, que en el operativo no hubo presencia de la Fiscalía y rechazó la intervención de la policía antiterrorismo en la residencia universitaria, “que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos”.
La PNP se hizo eco con una tanqueta la entrada de la universidad e ingresó el sábado al campus para desalojar a cientos de manifestantes venidos de todo Perú para acampar en su interior y participantes en protestas antigubernamentales.
El gran operativo acabo con detención de 193 personasentre manifestantes y estudiantes, que fueron liberados el domingo por orden de la Fiscalía.
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